Reflexiones para un imperativo moral.
La democratización del sistema de educación superior constituye un pilar esencial para la construcción de sociedades más equitativas, críticas y cohesionadas. Este proceso no solo se refiere a la ampliación del acceso a las universidades, sino también a la transformación estructural de sus mecanismos de funcionamiento, con énfasis en la participación efectiva de los distintos actores educativos.
En primer lugar, el acceso equitativo a la
educación superior sigue siendo una deuda pendiente en muchos países. Las
barreras económicas, sociales y culturales continúan limitando el ingreso y la
permanencia de amplios sectores de la población, especialmente aquellos
históricamente marginados. Superar estas desigualdades requiere políticas
públicas orientadas a garantizar condiciones materiales y simbólicas de
inclusión, que contemplen becas, tutorías, apoyo psicosocial, y un currículo
diverso y contextualizado.
Sin embargo, democratizar la educación superior no
se agota en el acceso. Implica también avanzar hacia formas de gobernanza más
participativas y transparentes. La elección y asignación de autoridades
universitarias debe responder a principios de autonomía, representatividad y
legitimidad, donde estudiantes, docentes y personal administrativo participen
activamente en los procesos de toma de decisiones. La imposición de autoridades
por mecanismos sutiles externos, internos o cupulares atenta contra la vida
democrática de las instituciones y debilita su vínculo con la comunidad
universitaria.
Por tanto, democratizar es también descolonizar y
deselitizar el pequeño grupo de privilegió que ha hecho del el saber una mercancía,
democratizar es reconocer a la universidad como un espacio de construcción
colectiva del conocimiento al servicio de las necesidades sociales y del
pensamiento crítico. En contextos de creciente mercantilización del saber,
defender una educación superior pública, gratuita, inclusiva y democráticamente
participativa y gestionada es no solo una exigencia académica, sino también un
compromiso ético y político con la transformación social.
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